El diputado federal Rubén Moreira Valdez plantea devolver al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de aprobar los nombramientos de las personas titulares de las direcciones ejecutivas y demás unidades técnicas, con el propósito de recuperar el equilibrio institucional y evitar la concentración de atribuciones en la Presidencia del organismo.
Para que la designación de estos funcionarios vuelva a ser resultado de una decisión colegiada y no de una facultad concentrada en la Presidencia del Consejo General, la propuesta del legislador del PRI busca reformar el inciso e) y derogar el inciso p), ambos del numeral 1 del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
En la exposición de motivos, Rubén Moreira advierte que la autonomía constitucional del INE no puede confundirse con la ausencia de controles internos y que la colegialidad constituye una garantía para impedir la concentración excesiva de poder, favorecer la deliberación y reducir los riesgos de discrecionalidad en la administración de los recursos públicos.
La iniciativa señala que la reforma publicada el 14 de octubre de 2024 modificó el equilibrio institucional del organismo al permitir que la Presidencia del Consejo General designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin la intervención decisoria del órgano colegiado.
Rubén Moreira sostiene que esta modificación debilitó los mecanismos de supervisión y decisión compartida, al trasladar a la Presidencia facultades que anteriormente correspondían al Consejo General, órgano superior de dirección del Instituto, cuya integración plural constituye una garantía de independencia, imparcialidad y objetividad.
En el documento, el coordinador parlamentario expone que los señalamientos sobre contrataciones, posibles conflictos de interés y relaciones con proveedores han profundizado el cuestionamiento sobre los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro del Instituto. Asimismo, refiere investigaciones periodísticas y observaciones relacionadas con procedimientos de contratación que, a su juicio, hacen necesario fortalecer los controles institucionales.
La propuesta no plantea sustituir la responsabilidad de las autoridades competentes para investigar posibles irregularidades, sino recuperar mecanismos que permitan una mayor supervisión, deliberación y corresponsabilidad en las decisiones administrativas del INE.
El político coahuilense argumenta que restablecer la participación del Consejo General en los nombramientos contribuiría a reducir los riesgos de discrecionalidad, fortalecer la transparencia y evitar que decisiones estratégicas queden concentradas en una sola autoridad.
La iniciativa también busca corregir la contradicción e incongruencia que hoy existe entre lo establecido en el inciso e del artículo 44 y el inciso p del artículo 45 de la LGIPE que, de acuerdo con la exposición de motivos, generan incertidumbre sobre la autoridad competente para realizar determinados nombramientos y debilitan la coherencia del sistema de dirección institucional.
Rubén Moreira plantea que las decisiones de mayor trascendencia deben adoptarse mediante procedimientos que garanticen deliberación, pluralidad, transparencia y responsabilidad compartida. Esto incluye la selección de funcionarios estratégicos y las decisiones administrativas vinculadas con la contratación de bienes y servicios y la operación de los procesos electorales.
La iniciativa busca, en suma, corregir una modificación legislativa que, según sus argumentos, alteró el equilibrio interno del INE, recuperar la congruencia entre las disposiciones que regulan su funcionamiento y reafirmar el principio constitucional de que su máxima dirección corresponde a un órgano colegiado.
Con esta propuesta, Rubén Moreira pretende restablecer los contrapesos institucionales para que el funcionamiento del organismo electoral se sustente en decisiones colegiadas, controles efectivos y una mayor rendición de cuentas.
