La diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, a fin de incluir la ayuda para el transporte público como prestación social obligatoria.
De igual manera, la legisladora planteó extender este beneficio al personal contratado en las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas, exceptuando casos en los que el patrón proporcione transporte, cuando no sea necesario por razones de distancia o seguridad, o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Al presentar su propuesta, la legisladora señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 la ocupación media nacional alcanzó 60.38 millones de personas en actividades vinculadas al comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, la pesca y la prestación de servicios sociales.
“Sin embargo, uno de los gastos que más impacta el ingreso de la población trabajadora es el traslado diario entre su domicilio y el centro de trabajo, el cual representa un desembolso forzoso y, en muchos casos, una experiencia estresante”, apuntó Espino Suárez.
Asimismo, la legisladora destacó que la mayoría de la población ocupada utiliza transporte colectivo, automóvil o metro como principal medio de traslado, lo que implica destinar una parte de su remuneración a cubrir este gasto.
“Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, es decir, 2,040 pesos anuales, lo que equivale al 3.58 por ciento de su gasto corriente monetario. Por ejemplo —explicó—, en una familia de cuatro integrantes el monto asciende a 680 pesos mensuales, afectando directamente la economía familiar”, resaltó la diputada.
Asimismo, subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México el 60 por ciento de la población destina cerca del 8 por ciento de su gasto total al transporte público, cifra que supera la media de 13 países de América Latina.
Ante este panorama, consideró indispensable fortalecer el ingreso de las y los trabajadores mediante medidas concretas que atiendan los costos asociados al acceso al empleo.
Finalmente, la legisladora afirmó que la ayuda para el transporte no debe ser únicamente un beneficio adicional otorgado por empleadores comprometidos, sino una prestación obligatoria que forme parte del ingreso de las y los trabajadores en México. De igual forma, señaló que esta propuesta representa un paso más en el proceso de justicia laboral y dignificación del trabajo, ya que fortalece el equilibrio entre el capital y el factor trabajo, y contribuye a mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.
