Con el fin de establecer un marco jurídico que permita identificar y reubicar industrias de alto impacto ambiental que operan en medio de zonas habitacionales, la Diputada Federal Iraís Reyes presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
“En diferentes ciudades del país hemos tenido un crecimiento urbano desordenado y eso ha generado que industrias contaminantes o que manejan residuos peligrosos terminen rodeadas de viviendas, escuelas o centros de trabajo. En Monterrey lo vemos a diario con empresas como Zinc Nacional y Ternium; prácticamente en cada municipio del área metropolitana existen ejemplos similares”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano por Nuevo León.
“Esto representa riesgos para la salud pública y el medio ambiente, por eso es indispensable crear un marco técnico y jurídico para identificar a las industrias de alto impacto, registrarlas, evaluarlas y promover su reubicación cuando haya un riesgo comprobado”, explicó Iraís.
La propuesta plantea incorporar en la ley una definición clara de “industria de alto impacto ambiental”, basada en criterios técnicos como emisiones, descargas, generación de residuos peligrosos y riesgos sanitarios comprobables.
“Se crea el Registro Nacional de Industrias de Alto Impacto Ambiental en Áreas Urbanas, que estaría a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con facultades para emitir recomendaciones vinculantes y activar procedimientos de reubicación cuando exista un riesgo acreditado”, señaló.
Iraís comentó que esos procesos incluirán planes de mitigación, plazos definidos y medidas de apoyo para la transición laboral y productiva, con el objetivo de cuidar la salud sin frenar la actividad económica.
“Se trata de proteger el derecho constitucional a un medio ambiente sano, pero también de dar certeza jurídica a las empresas. Las decisiones deben basarse en evidencia científica y sanitaria, no en criterios discrecionales”, afirmó.
“El desarrollo económico no puede estar peleado con la salud de las familias. Necesitamos reglas claras que permitan ordenar el crecimiento urbano y reducir riesgos, antes de que se conviertan en crisis ambientales o sanitarias”, agregó Iraís.
De acuerdo con la iniciativa, los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial deberán integrar criterios técnicos para evaluar la compatibilidad del uso de suelo, definir zonas aptas para la relocalización industrial y garantizar la participación ciudadana bajo principios de justicia ambiental.
