Con el propósito de regular la sobreventa de boletos en el transporte aéreo comercial y fortalecer la protección de los derechos de las y los pasajeros, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Ricardo Madrid Pérez explicó que su propuesta establece medidas claras para los casos en que se expidan boletos en exceso a la capacidad disponible de una aeronave, situación que puede derivar en la denegación del embarque; por ello, propone que el pasajero afectado tenga derecho a elegir entre tres opciones compensatorias.
La primera opción consiste en el reembolso total del precio del boleto o de la parte proporcional no utilizada del viaje, además de una indemnización equivalente al 100 por ciento del costo del mismo, con el objetivo de resarcir de manera justa el perjuicio ocasionado.
La segunda alternativa plantea que se ofrezca al pasajero el primer vuelo disponible, garantizando sin costo adicional servicios básicos como comunicación telefónica o cablegráfica al destino, alimentos conforme al tiempo de espera, y alojamiento en hotel, ya sea en el aeropuerto o en la ciudad, en caso de ser necesaria la pernocta, se debe incluir transporte terrestre. A ello se suma una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del precio del boleto.
Como tercera opción, la iniciativa propone que, el pasajero pueda ser transportado en una fecha posterior que le resulte conveniente hacia su destino original, acompañada también de una indemnización adicional equivalente al 100 por ciento del costo del boleto, reforzando así el derecho de elección del usuario.
Asimismo, el legislador destacó que la propuesta contempla que la autoridad competente debe imponer multas proporcionales al número de pasajeros afectados en cada incidente de sobreventa. “Estas sanciones deberán superar el beneficio económico obtenido por las aerolíneas mediante esta práctica, con el fin de asegurar su efecto disuasorio”, resaltó el diputado.
Finalmente, Madrid Pérez subrayó que los concesionarios o permisionarios estarán obligados a reportar públicamente las incidencias de negativa de embarque. Esta medida busca fortalecer la transparencia, permitir el monitoreo de patrones de conducta y generar incentivos reputacionales que promuevan el cumplimiento de la normativa vigente.
