La presidenta Claudia Sheinbaum tiene que reconocer que la crisis de desaparición forzada en México está fuera de sus manos para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atienda la problemática, dijeron defensoras de derechos humanos.
Y calificaron como “vergonzosa” la postura de rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Las defensoras de derechos humanos María Luisa Garfias, Silvia Castillo y Norma Mesino, acompañadas de activistas, anunciaron en Chilpancingo el estreno del documental “La misma sangre”, que retrata la lucha de la familia Mesino de Atoyac de Álvarez y la represión que han sufrido por parte del Estado mexicano.
El largometraje es de Ángel Linares y Miguel Ángel Sánchez. Participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 20 y 21 de abril. Y el 28 se proyectará en el auditorio Sentimientos de la Nación de Chilpancingo.
“La película la queremos presentar en un espacio donde estén los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, los que toman decisiones, porque queremos que se garantice el trabajo de las defensoras y defensores”, dijo Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
“La misma sangre” habla del trabajo de tres generaciones de la familia Mesino. Desde 1970 con Juana Acosta Martínez, su hijo Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS, y la tercera generación de los hijos de Hilario: Carlos, Norma, Rocío y Miguel Ángel Mesino, estos dos últimos perseguidos, encarcelados y asesinados.
La OCSS nació en 1994 en demanda de justicia, contra la tala de madera y para pedir la presentación con vida de los primeros activistas desaparecidos en la sierra de Guerrero.
“Surgió después de que Atoyac quedó con una herida abierta por la desaparición de 400 hombres, después de la persecución contra Lucio Cabañas.
“Lo que buscábamos era imposible, nos estábamos enfrentando con Rubén Figueroa Alcocer, el hijo de uno de los gobernadores más sanguinarios Rubén Figueroa Figueroa”, recordó Norma Mesino.
En 31 años, agregó, 45 integrantes de la organización han sido asesinados de manera extrajudicial, entre los 17 campesinos masacrados en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, por parte de policías estatales.
Y continúa encarcelado Antonio Barragán Carrasco.
“Es un preso que todavía está en la mazmorra de este gobierno de la 4T. Exigimos que ponga en libertad, ha sido víctima de tortura y desaparición forzada. Es una persona mayor de edad”.
La activista denunció que entre 1994 y 1998 hubo un desplazamiento forzado de decenas de familias que no se registró.
“Era aniquilar a toda la estructura de la organización que había puesto en jaque a unos de los gobiernos más sanguinarios de Guerrero”.
En la conferencia a Norma Mesino, se le preguntó la situación actual de la lucha social en la entidad suriana.
“Vivimos en una situación crítica donde hoy en día el crimen organizado tiene el control absoluto. Cuestionas, demandas y exiges al gobierno, pero quienes te reprimen son otra gente. Te amenazan y te desaparecen y el gobierno se lava las manos”, dijo.
Puso como ejemplo el asesinato impune del defensor del agua y el territorio de Acapulco, Marco Antonio Suástegui, ocurrido el 25 de abril de 2025.
No obstante, dijo que las organizaciones sociales se están acuerpando y articulando.
“El movimiento social no va a morir, si no acabó cuando tuvimos la represión más fuerte, ahora menos”, advirtió.
El trabajo está y hoy más que nunca debemos estar organizados y fuertes, dijo.
María Luisa Garfias Marín, presidenta de la asociación civil Aliadas por la Justicia, alertó que en Guerrero y en todo México continúan las desapariciones forzadas en las están involucrados agentes del Estado, como los policías, que han sido capacitados para reprimir y que tienen armas que les da el Estado.
“Los policías son los responsables de las desapariciones forzadas, tenemos presidentes municipales señalados de vínculos con el crimen organizado”.
“Es una situación que el gobierno federal tiene que reconocer, que hay implicaciones de agentes del Estado en la desaparición forzada. Negar la realidad es querer tapar el sol con un dedo”.
La defensora puso como ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por parte de policías e integrantes del Ejército en septiembre de 2014.
“Se siguen repitiendo las desapariciones forzadas, independiente del partido que se encuentre en el poder. Es un problema que está en todas las estructuras del gobierno.
“La presidenta tiene que reconocer que la problemática está fuera de sus manos y de su control para que la ONU pueda intervenir, capacitar y dar los recursos necesarios para que la situación se empiece a erradicar. Querer ocultarlo es permitir que esa situación continúe”.
Los crímenes de lesa humanidad en el país se han ido incrementando en México por parte de integrantes de organizaciones criminales en complicidad con agentes del estado. Así como con servidores públicos que tratan de proteger a los responsables, agregó.
Lamentó que muchos de sus compañeros surgidos del movimiento social hayan sido cooptados por la 4T o integrados a Morena.
“A pesar de que están conscientes de lo está pasando, prefieren guardar silencio. En el pasado fueron críticos y hoy callan ante situaciones lamentables que estamos viviendo”.
Silvia Castillo, coordinadora en Guerrero de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, refirió que el documental “La misma sangre” retrata violaciones a los derechos humanos que no han caducado desde los años 60 a la fecha.
“Es sumamente vergonzoso e indignante que la presidenta Claudia Sheinbaum asuma esa postura de rechazo ante un informe tan serio y profesional del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que está hecho en base a los casos con nombres y apellido que tienen los colectivos de todo el país.
“Y es vergonzoso que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, asuma la misma postura, sobre todo siendo hija de una mujer emblemática, Rosario Ibarra de Piedra, iniciadora del movimiento por la búsqueda de los desaparecidos”.
Dijo que las defensoras de derechos humanos están sumamente preocupadas por esa actitud.
Las violaciones a los derechos humanos en México están ahí y no se pueden ocultar.
“No pueden callar a las madres, porque se trata de seres humanos que no están en este momento y que no han tenido justicia”, finalizó.
