Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles a la Comisión Permanente una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la que el gobierno federal pretende establecer un solo modelo de actuación en las 32 entidades federativas para investigar, perseguir y castigar este delito, además de impedir que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como homicidios o suicidios.
La propuesta, remitida como cámara de origen al Senado, plantea una transformación en la forma en que las fiscalías estatales atienden los casos de violencia extrema contra las mujeres, al considerar que las diferencias entre legislaciones locales han generado criterios distintos de investigación, subregistro de casos y espacios de impunidad.
La mandataria federal afirma que el feminicidio representa “la peor forma de violencia contra las mujeres” y sostuvo que la prioridad de su iniciativa es garantizar que ningún caso quede sin investigación adecuada.
El enfoque de la iniciativa es crear un tipo penal único de feminicidio para todo el país, con criterios homologados para que todas las autoridades investigadoras actúen bajo los mismos parámetros.
Además establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esta hipótesis.
Se explica que uno de los problemas actuales es que algunos casos son registrados de manera incorrecta, particularmente cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas o agresiones previas por parte de la pareja, expareja o familiares cercanos.
De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal, alrededor del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas, exparejas o familiares directos, por lo que la iniciativa plantea que las autoridades otorguen valor a los testimonios de familiares y consideren desde el inicio los antecedentes de violencia.
La nueva legislación contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género.
Además, establece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
También se contemplan castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, cuando existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
Entre las medidas adicionales, la iniciativa plantea que el feminicidio sea considerado imprescriptible, que no pueda aplicarse amnistía, criterios de oportunidad o beneficios para reducir penas, además de sancionar la tentativa del delito.
El proyecto también incorpora sanciones complementarias para los responsables, como la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad, tutela o custodia de menores, así como la destitución e inhabilitación de servidores públicos que incumplan sus obligaciones en la investigación o atención de estos casos.
La propuesta obligará a las fiscalías estatales a contar con unidades especializadas, personal ministerial, policías y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
Uno de los cambios relevantes será la continuidad de los equipos de investigación, con el objetivo de evitar que los cambios de funcionarios afecten el avance de los expedientes y garantizar un seguimiento desde la denuncia inicial hasta la sentencia.
En materia de atención a víctimas, la iniciativa fortalece los derechos de familiares y sobrevivientes mediante apoyo médico y psicológico inmediato, asesoría jurídica gratuita, reparación integral del daño y programas específicos para niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de un feminicidio.
Como parte de esta estrategia, se propone crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, además de campañas nacionales de prevención y mecanismos para actualizar de manera permanente los registros oficiales sobre estos delitos.
La propuesta busca colocar a las víctimas y sus familias en el centro de la política pública, garantizando acompañamiento institucional y medidas de protección.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado, donde iniciará su análisis legislativo.
