Los recursos planteados para 2027 no están fortaleciendo a las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia en México, advirtió el diputado federal Rubén Moreira Valdez, al señalar que la falta de inversión en policías, fiscalías, ministerios públicos y juzgados se traduce en rezagos, investigaciones lentas y una menor capacidad del Estado para combatir al crimen.
Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador del PRI analizó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 junto con los especialistas en finanzas públicas Paco Lezama y Mario Di Costanzo.
Moreira Valdez puso especial énfasis en las condiciones en las que trabajan los policías municipales, quienes perciben en promedio alrededor de 8 mil 500 pesos mensuales, sin que muchos cuenten con seguridad social o un sistema pensionario que proteja a sus familias.
Advirtió que se trata de trabajadores profesionales que requieren condiciones laborales dignas para desempeñar una de las tareas más riesgosas del servicio público. “No son apostolados”, subrayó el priista.
La falta de presupuesto recalcó el coordinador parlamentario, se refleja directamente en el sistema de justicia: hay pocos jueces, no se ha ampliado suficientemente la infraestructura judicial y también son insuficientes los ministerios públicos, quienes además enfrentan bajos ingresos y limitaciones para realizar su trabajo.
Rubén Moreira señaló que mientras se mantienen alrededor de 152 mil millones de pesos para proyectos como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, el Tren Interoceánico y Mexicana de Aviación, se reducen recursos para instituciones fundamentales para la seguridad y la justicia.
Paco Lezama explicó que, al comparar los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República, correspondientes a los Ramos 3, 17 y 49, se pasa de 132 mil 800 millones de pesos en 2018 a 93 mil 158 millones en la propuesta para 2027, lo que representa una reducción cercana al 30 por ciento, en términos reales, pesos del 2027, usando el mismo deflactor que usa la SHCP.
Añadió que, si se acumulan las diferencias presupuestales registradas desde 2018, la brecha alcanza aproximadamente 220 mil millones de pesos, situación que, señaló, ayuda a explicar los rezagos que existen tanto en la impartición de justicia como en la investigación de los delitos.
En el caso específico de la FGR, Lezama detalló que su presupuesto pasaría de alrededor de 24 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones en 2027, una reducción de aproximadamente 15 por ciento y una pérdida acumulada de 22 mil millones de pesos.
A ello se suma el debilitamiento de las corporaciones estatales y municipales. Lezama señaló que los recursos de FORTASEG y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública pasarían de 7 mil 500 millones de pesos en 2018 a mil 200 millones en 2027, una disminución del 84 por ciento. Esto, planteó, significa menos herramientas para el combate al crimen: patrullas, menos cámaras, menos chalecos, menos municiones, menos todo, expuso.
Mario Di Costanzo reforzó el señalamiento sobre las condiciones laborales de los policías y expuso que una persona beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro puede recibir un apoyo mensual superior al salario de un policía municipal y, además, contar con seguro social, lo que evidencia el contraste entre la responsabilidad y las condiciones de quienes arriesgan diariamente su vida.
Rubén Moreira insistió en que la austeridad no puede convertirse en un argumento para debilitar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Si el Estado quiere mejorar la seguridad, investigar los delitos y garantizar justicia, tiene que invertir en quienes realizan esas tareas.
Por ello, Rubén Moreira advirtió que un presupuesto que reduce las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia no puede generar mejores resultados en materia de pacificación, y llamó a revisar las prioridades del gasto público para garantizar que policías, fiscalías y juzgados cuenten con los recursos, personal e infraestructura necesarios para cumplir con su función.
