Con el objetivo de ofrecer certidumbre y confianza en las operaciones cotidianas de la ciudadanía, las Instituciones de Tecnología Financiera deben presentar claramente la información a través de medios digitales, además de ajustarse a la legislación correspondiente.
Así se manifiesta en una iniciativa propuesta por la diputada federal Mónica Sandoval ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la que busca modificar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de proteger las garantías de sus usuarios.
En primera instancia se propone que la información dispersada mediante aplicaciones o dispositivos digitales, incluido el contenido generado con procesos automatizados, debe ajustarse a los principios de claridad, transparencia y veracidad, comprendidos en las normativas vigentes.
La propuesta es clara; la información no debe ser ambigua, que introduzca al error o genere confusiones en materia de costos, riesgos o condiciones aplicables a los servicios ofrecidos.
La propuesta presentada conjuntamente con la diputada, Ana Isabel González, explica las ventajas que ofrece los desarrollos tecnológicos en ramo de los servicios financieros como bancos, seguros o compras, aunque ello conlleva el riesgo de caer en las manos de la ciberdelincuencia, como los revela el creciente número de denuncias presentadas ante la CONDUSEF.
Los servicios financieros, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se clasifican en: banca móvil múltiple tradicional, donde se albergan más de cien millones de cuentas activas, y el ecosistema de las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech), cuyo crecimiento reciente superó los 27 millones de cuentas, también activas.
En ese escenario, la delincuencia encontró una manera de adaptarse a los avances tecnológicos para conseguir sus fines. La Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el año pasado, se reportaron más de ocho mil reclamos por cargos no reconocidos, mientras los fraudes virtuales rebasaron los 2.4 millones de quejas, sólo en el primer semestre del año.
Otra de las limitantes es la conectividad para algunos sectores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 28 por ciento de la población no cuenta con acceso a internet.
De esta manera, las legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario del PRI refrendan su compromiso con la ciudadanía.
