Aracely Olguín Díaz (PAN) impulsa cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que las autoridades competentes realicen acciones para que las plataformas digitales ofrezcan en todos sus servicios privacidad, seguridad y protección que afecten o impidan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir la apología del delito y garantizar el principio del interés superior de la niñez, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) impulsa una iniciativa.
Para ello, las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar los convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el interés superior de la infancia.
La iniciativa, que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 101 Bis 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
En su exposición de motivos, señala que la revolución digital ha transformado profundamente el entorno en el que las y los menores interactúan, ampliando el acceso a la información y servicios, pero también exponiéndolos a una variedad de riesgos, lo que plantea desafíos en términos de seguridad personal, privacidad y acceso a contenidos inapropiados e incluso pornografía.
En consecuencia, la protección de los derechos de la infancia en el contexto digital ha adquirido vital importancia dada la creciente participación de menores de edad en el uso de internet.
Refiere que, de acuerdo a datos del INEGI, entre 2019 y 2022 las y los usuarios de 12 a 17 años incrementaron 0.8 horas el uso promedio diario de internet, mientras que el grupo de 6 a 11 años pasó de 2.2 a 2.7 horas diarias de uso.
Unicef México expresó que el 25 por ciento de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años en el país ha sido víctima de alguna modalidad de ciberacoso.
En ese contexto, puntualiza que el interés superior de la niñez debe ser considerado como la prioridad en la satisfacción integral de sus necesidades fundamentales, conforme a sus derechos.
Advierte que, a pesar de los avances legales, como la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en 2017, la implementación efectiva de estas normativas aún enfrenta importantes desafíos.
“No podemos seguir permitiendo que la vulnerabilidad inherente de los niñas, niños y adolescentes sea una brecha que explote actores malintencionados, ni que su información personal se utilice sin consideración alguna por su falta de madurez o capacidad para discernir los riesgos”, subraya.
Resalta que como sociedad es una responsabilidad colectiva proteger a las niñas, niños y adolescentes de las amenazas del mundo digital y garantizar que puedan hacer uso de la tecnología sin temor a que su integridad y derechos sean comprometidos.
Menciona que los avances normativos, como la Ley General de Protección de Datos Personales y el principio del interés superior de la niñez son pasos cruciales, pero se requiere una acción decidida y efectiva para que las garantías legales se traduzcan en realidades tangibles.
