La diputada federal Mónica Sandoval Hernández presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de poner fin a las malas prácticas de proveedores en plataformas digitales y salvaguardar los derechos de millones de mexicanas y mexicanos.
La propuesta plantea adicionar una fracción VIII al artículo 76 Bis 1 de dicha legislación, estableciendo la obligación de informar de manera clara, visible, accesible y destacada —desde la primera visualización de la oferta o publicidad de un bien, producto o servicio— el precio total que pagará el consumidor. Esto incluye de manera obligatoria impuestos, comisiones, gastos de gestión, cargos por servicio y cualquier otro concepto aplicable, prohibiendo tajantemente que dichos cobros se revelen de forma tardía para alterar el costo inicialmente anunciado.
La legisladora priista advirtió que si bien el comercio electrónico en México ha mantenido un crecimiento sostenido —representando el 17.7 por ciento de las ventas minoristas y un valor de 941 mil millones de pesos en el sector retail durante 2025—, este auge también ha venido acompañado de nuevos riesgos y afectaciones a la economía familiar.
Señaló que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reflejan un incremento constante en reclamaciones por cargos no reconocidos y consumos vía internet.
Asimismo, Sandoval Hernández indicó que según estudios de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) evidencian que la falta de información oportuna y la sorpresiva aparición de cargos adicionales al momento de pagar son los principales factores de inconformidad y abandono de compra. Sandoval Hernández recordó que, aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recientemente lineamientos específicos para regular la venta de boletos en conciertos masivos, la medida resulta insuficiente ante la gran diversidad de transacciones digitales cotidianas que realizan las y los ciudadanos.
“La información sobre el precio no debe presentarse de manera fragmentada ni obligar al consumidor a avanzar en el proceso de compra para conocer cuánto tendrá que pagar finalmente”, subrayó la diputada del GPPRI.
