Mientras la Copa Mundial de Futbol 2026 se lleva a cabo en México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene la presión sobre el gobierno federal con demandas de mayor seguridad social, que tanto analistas financieros como funcionarios públicos han catalogado como “imposibles de cumplir”.
Durante las últimas semanas, la CNTE ha paralizado la actividad en diversos puntos del país con protestas y bloqueos carreteros, con la principal exigencia de derogar la Ley del ISSTE de 2007 para regresar al anterior sistema de pensiones, en lugar del actual que implementó las cuentas individuales, Afores y marca una cobertura desigual entre generaciones.
A pesar de que durante su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum prometió revertir las reformas de pensiones, el pasado 9 de junio, la mandataria federal admitió que no hay suficientes recursos para derogar la reforma a la Ley del ISSTE del 2007.
Al respecto, Leonardo Castillo, analista financiero de la compañía Fintual, coincidió en que cumplir con las demandas de la CNTE es financieramente inviable.
“Es muy difícil regresar al sistema anterior porque esta pirámide poblacional ya no lo permite, nos estamos haciendo viejos como país y es muy difícil sostener un sistema de reparto. Si ya lo era hace 30 años, pues hoy es prácticamente imposible”, explicó Castillo.
Cumplir con las demandas del magisterio implicaría el 20% del PIB, abonó. “Hoy México tiene un PIB de 36 billones de pesos, entonces el 20% de eso es entre 7.3 y 7.5 billones de pesos, que es más o menos lo que se recauda hoy en impuestos”, afirmó.
El analista también apuntó que, de esa cifra, cerca del 80% ya está comprometido, por lo que el gobierno tiene un margen muy reducido para decidir en qué puede gastar, apenas un 20% de lo que ingresa.
En el mismo sentido se expresó Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), quien explicó que “las finanzas públicas no tienen espacio para hacer otras políticas (…) no hay inversión, no hay un sistema de cuidados, no financiamos de manera suficiente el sistema”, afirmó.
Actualmente México opera bajo un déficit fiscal que se proyecta en un 4.1% del PIB para 2026, de acuerdo con las estimaciones de gasto público para este año publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto quiere decir que el gobierno gasta más de lo que ingresa.
De acuerdo con Alejandra Macías Sánchez, del CIEP, el gobierno federal solo recauda el 15% del PIB. Asimismo, la especialista explicó que, al unir las pensiones contributivas con las no contributivas (como las que corresponden a programas sociales), se destina el 6.2% del PIB para el año 2026 únicamente a ese rubro.
A este déficit se suma una problemática que agrava la situación: el uso de la deuda para cubrir el gasto corriente.
“Siempre se necesita deuda para generar proyectos rentables, para generar crecimiento. El problema es si nos endeudamos para gasto corriente, si nos endeudamos para pagar pensiones, eso sí es un problema”, subrayó Macías Sánchez, quien afirmó que al menos en los últimos cuatro años la deuda se ha utilizado de esta forma.
“Hoy México ya opera en déficit fiscal cada año y eso nos está metiendo en aprietos en nuestra calificación crediticia como país”, aportó Castillo.
En el pasado mes de mayo, la calificadora Moody’s redujo la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, dejándolo en el último grado de inversión con perspectiva estable. De acuerdo con reportes, los factores que motivaron el cambio fueron el debilitamiento sostenido de las finanzas públicas, el bajo crecimiento económico, y el continuo apoyo financiero a Pemex.
En este panorama, la baja recaudación, el gasto elevado y las demandas sociales se combinan como un cóctel explosivo, que coloca a México ante una encrucijada: “o bajamos los gastos o aumentamos los impuestos”, apuntó Castillo.
Y Macías resaltó que los primeros recortes suelen llegar en cuestiones elementales como la salud y la infraestructura.
Los especialistas abordaron las causas macroeconómicas que han colocado a México en una situación complicada, en la que gran parte de la población enfrenta una situación precaria y poco acceso a seguridad social.
Ambos mencionaron la dificultad de proponer modificaciones profundas, pero expresaron que sí se podrían impulsar cambios al sistema de pensiones.
Leonardo Castillo señaló la importancia de discutir que se puede hacer para homologar el sistema de pensiones de los trabajadores públicos y privados.
Por su parte, Macías sugiere crear una entidad reguladora e integrar los pilares del sistema.
Respecto a la viabilidad de impulsar una reforma fiscal, la especialista destacó que se deben revisar deducciones y combatir la evasión fiscal antes de crear nuevos impuestos.
El analista financiero señaló que, para él, más que una reforma fiscal lo esencial es impulsar el desarrollo económico.
“Honestamente, yo creo que el problema más grave es el tema del crecimiento económico. Si México no crece como país, no tenemos más ingresos”, enfatizó.
Para lograrlo, los resultados de la revisión del T-MEC serán claves, así como dar certidumbre jurídica a las inversiones y a las empresas.
“Una reforma fiscal que aumente los impuestos sobre la renta, por ejemplo, desincentiva un poco la inversión de las empresas. Entonces estás como en esta disyuntiva en el que no tienes muchos ingresos y una forma más fácil de captar ingresos es subiéndolos, pero a la par tienes un bajo crecimiento económico y no quieres sacrificar eso”, expresó.
No obstante, organismos como la Alianza por la Justicia Fiscal han elaborado propuestas para discutir posibles reformas fiscales en México frente a los desafíos para la seguridad social.
Fabiola Lira Herrera, representante de la alianza, explicó que las principales propuestas se orientan a impuestos progresivos con gravamen a la riqueza y a propiedades como las aeronaves de lujo, así como mayor vigilancia al gasto público, enfatizando la necesidad de etiquetar impuestos para garantizar su destino final.
