La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de salvaguardar el patrimonio, la seguridad y la autonomía de las personas adultas mayores frente al incremento de conductas delictivas que buscan privarlas de sus bienes
Explicó que su propuesta plantea adicionar un párrafo segundo al artículo 395 del Código Penal Federal para sancionar con mayor severidad el delito de despojo cuando este se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor.
La legisladora priista advirtió que para muchas personas adultas mayores la vivienda no solo representa el principal componente de su patrimonio construido a lo largo de años de esfuerzo, sino también el espacio indispensable para conservar su estabilidad económica, arraigo familiar y una vida independiente. Sin embargo, “este sector poblacional enfrenta riesgos alarmantes tanto por parte de terceros como de su propio entorno cercano”.
Detalló que tan solo en el primer semestre de 2026 se registraron 14,695 denuncias por despojo en todo el país. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México revelan que el 37 por ciento de las víctimas de despojo atendidas eran personas mayores de 60 años.
Jasso Nieto aseguró que la vivienda representa el bien más afectado (44 por ciento de los reportes corresponden a casas habitación y 14 por ciento a departamentos), lo que pone en riesgo el techo y la seguridad de los adultos mayores. Además, la problemática proviene tanto de la invasión u ocupación ilegal por parte de desconocidos mediante documentos falsos, violencia o amenazas, como del abuso de confianza por parte de familiares, arrendatarios o personas cuidadoras (el Consejo Ciudadano señaló que el 35 por ciento de los agresores eran familiares).
Expuso que la reforma propuesta establece que cuando el delito de despojo se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor respecto de un inmueble de su propiedad o legítima posesión, las penas aumentarán hasta en una mitad.
La diputada priista señaló que el incremento podrá alcanzar hasta dos terceras partes cuando para la comisión del delito se emplee violencia física o moral, se prive materialmente a la víctima del acceso o uso del inmueble que habite, se aproveche una relación familiar, de asistencia, dependencia, confianza o cuidado, o se utilicen documentos falsos, actos simulados y medios fraudulentos.
“Con esta acción legislativa, el Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, la justicia social y el bienestar de los sectores más vulnerables de México, exigiendo leyes firmes que castiguen a quienes atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de las personas adultas mayores”, concluyó.
