La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), emitido desde 2023, no puede ser aplicado en los juicios de amparo hasta que esté vigente, lo que ocurrirá hasta 2031 según la última votación de la Cámara de Diputados.
El pasado 20 de octubre, el Pleno de la Corte destacó que desde el año 2025 se reformó la Ley de Amparo en la que en el artículo 2 se estableció que cuando no exista una norma expresa, se aplicará el nuevo CNPCF.
Sin embargo, por mayoría de ocho votos, los ministros determinaron que esa reforma al artículo 2 de la Ley de Amparo no podrá ser aplicada hasta que el CNPCF esté vigente, por lo que mientras eso ocurre, deberá seguirse aplicando el anterior Código de Procedimientos Civiles federal.
El fallo fue emitido prácticamente al mismo tiempo en que los diputados acordaban el aplazamiento de la entrada en vigor del CNPCF hasta el 1 de julio de 2031.
Con ello, los ministros resolvieron una contradicción de criterios entre tribunales que sostenían aplicar el CNPCF aunque no esté vigente en todo el país, mientras que otro tribunal optó por aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles, precisamente porque el nuevo Código no está vigente aún.
Los ministros coincidieron en que permitir la aplicación inmediata del CNPCF sólo por la mención en la Ley de Amparo puede generar incertidumbre sobre la coexistencia de sistemas procesales -el del nuevo Código y el del anterior-, y afectaría el principio de legalidad procesal.
De acuerdo con la Cámara de Diputados, los poderes judiciales requieren cerca de 10 mil millones de pesos anuales para implementar el CNPCF, recursos que actualmente no están disponibles.
El decreto de reforma original establecía como límite de implementación a nivel nacional el 1 de abril de 2027.
Proceso informó que durante el debate para aprobar el aplazamiento de la entrada en vigor, el diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano, advirtió la falta de recursos para la implementación del CNPCF, mismos que no están contemplados a futuro.
“Pasan los años, pasó así 23, 24, 25 y 26 y no hay recursos suficientes para que este Código de avanzada pueda implementarse. No se destina presupuesto en el pasado y no se considera en el Proyecto de Presupuesto 2027 los recursos necesarios para que de verdad se pueda implementar.
“No hubo en estos años ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas, para la capacitación. Se calcula que se requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año para que realmente el sistema de justicia conforme a este Código pueda funcionar”, dijo.
Actualmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México está en crisis derivada, entre otras cosas, de la primera etapa de implementación del CNPCF, iniciada el 1 de diciembre de 2024, con la que fueron eliminados diversos juzgados de proceso escrito, fueron creadas las Unidades de Gestión que concentraron trámites como notificaciones, emplazamientos y exhortos, sin contar con el personal necesario ni la tecnología adecuada para su funcionamiento.
