Aun cuando se señala que existe una reducción importante en el número de trabajdores que están bajo el esquema de subcontratación laboral, luego de la reforma de 2021, subsisten esquemas que aprovechan lagunas legales en la contratación de servicios especializados.
Esto motivo que el diputado federal, Ricardo Monreal Ávila presentara una inicitaiva con proyecto de decreto que busca reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para restringir el uso indebido de los servicios u obras especializadas y evitar la simulación de relaciones laborales mediante honorarios.
Esta incitiva presentada fue motivada por las diversas faltas e irregularidades en la aplicación del marco legal vigente; entre los hallazgos afirmó que el uso de la figura de servicios especializados se utiliza para encubrir el suministro de personal destinado a tareas correspondientes al objeto social o a la actividad económica preponderante de las empresas beneficiarias.
También se encontró que persiste la idea de que la inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) convalida cualquier contrato, al margen de las labores desempeñadas. A esto se suma una revisión administrativa que en 2024 alcanzó a 1.2% de las empresas inscritas y la detección de contribuyentes que continuaron facturando después de que su registro fue cancelado.
En los centros de trabajo se identificó además el ejercicio de facultades de mando directo sobre el personal subcontratado, la utilización de contratos de servicios profesionales por honorarios para encubrir relaciones subordinadas y el uso de conceptos como bonos o supuestos planes de pensiones para omitir el registro completo de las remuneraciones en el salario base de cotización.
Por lo anterior, la propuesta adiciona el artículo 13 Bis a la Ley Federal del Trabajo para delimitar que los servicios especializados corresponden exclusivamente a actividades con conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa que el contratante no posea y que sean aportados por el proveedor con medios propios, a la par de prohibir que el beneficiario ordene tareas vinculadas a su actividad preponderante o ejerza funciones de mando sobre dicho personal.
Asimismo, la reforma al artículo 14 establece la obligación de integrar a los contratos un anexo técnico donde la contratante justifique y acredite con documentación verificable que carece de la capacidad operativa para realizar las actividades por sí misma, bajo las disposiciones que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En el artículo 21 se introduce la presunción legal de una relación laboral cuando a quien presta servicios profesionales se le indiquen instrucciones de lugar y forma de trabajo, se le otorguen insumos y se le fije una remuneración, con independencia de si se le denomina honorarios.
La propuesta modifica también el artículo 1004-C para sancionar las contravenciones a estas disposiciones y reforma el artículo 27 de la Ley del Seguro Social con el fin de incluir de manera expresa los bonos de productividad dentro de la integración del salario base de cotización.
En el régimen transitorio se prevé que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con un plazo de 30 días naturales posteriores a dicha vigencia para emitir y publicar las disposiciones de carácter general relativas al anexo técnico del artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, momento a partir del cual será exigible la acreditación de dicho requisito contractual.
