La Cámara de Diputados discutió en el Pleno, el dictamen por el que se modifica el decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que inicialmente, establecía posponer la entrada en vigor de la norma hasta el 2030, en el caso de las entidades que no estén listas para aplicarlo.
En la discusión general, el dictamen se aprobó con votación de 363 a favor, del bloque mayoritario, conformado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).
El aplazamiento contó con el respaldo de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
Las fracciones del Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitieron 57 votos en contra.
En lo particular, la votación a favor subió a 367 votos a favor y en contra, quedó en 60 votos y dos abstenciones.
En ese proceso, el líder morenista, Ricardo Monreal propuso aplazar un año más la implementación de las disposiciones.
Así, el Código Nacional en materia civil y familiar no entrará en vigor el 1 de abril del 2030, sino hasta el 1 de julio del 2031.
El promovente argumentó que con ello, las entidades y sus autoridades tendrán más tiempo de actualizar sus respectivas leyes locales y de prepararse incluso por la vía tecnológica, para cumplir la ley.
Podrán planear mejor los presupuestos para echar a andar la norma, llevar a cabo la transición tecnológica que requiere, adecuar su infraestructura y capacitar debidamente a los encargados de hacer cumplir la llamada “justicia cotidiana” y dar certeza legal a los “justiciables”.
Al perfilar el contenido, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, dijo que la efectividad de la ley no se mide por el momento en que entra en vigor, sino como se aplica en los hechos.
Es más relevante que las entidades de la República, sus poderes judiciales y quienes aplicarán la norma estén mejor preparados, que cumplir con el plazo previamente establecido.
“Estableció como fecha límite para su entrada en vigor en todo el país el 1 de abril de 2027, a partir de esta reforma que estamos proponiendo, se amplía el plazo al de la entrada en vigor hasta el 1 de abril de 2030, para que la transición al nuevo sistema se realice de manera gradual con mayor preparación y sin afectar los derechos de quienes requieren justicia. Estamos dando las condiciones para que el sistema funcione correctamente desde el primer día”, argumentó Moreno Rivera.
Agregó que la ampliación de la echa de entrada en vigor permitirá a los jueces capacitarse, conocer bien los nuevos procedimientos a seguir y unificar criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente.
De igual modo, las entidades podrán preparar espacios adecuados para llevar a cabo los juicios orales y acondicionar las salas de audiencias.
Al advertir que la resolución tomada no resuelve el problema de la incapacidad del sistema judicial para atender los asuntos civiles y familiares, sino que sólo posterga los efectos negativos de la falta de recursos para echar a andar esa vertiente del sistema de justicia, las bancadas del PAN y MC coincidieron en que se está dando la espalda a los ciudadanos.
El diputado emecista, Gustavo de Hoyos, resumió los reclamos de los congresistas que votaron en contra y explicó por qué el Gobierno Federal y la mayoría en el Legislativo quiere pasar la responsabilidad a la siguiente administración.
“¿Por qué no se pudo estar listos?, por una sencilla razón: porque a la mayoría no les importa la justicia. Primero se ocuparon de destruir el Poder Judicial, no hubo en estos años ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas. para la capacitación (…) Se calcula que se requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año, para que realmente el sistema de justicia conforme este Código pueda funcionar”, alertó.
El legislador hizo énfasis en que la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo Federal, que implicó el cese de juzgadores experimentados y que ya se preparaban para cumplir con los nuevos procedimientos civiles y familiares, complicará aún más la puesta en marcha de esas medidas.
Aunque la bancada del PAN votó a favor con Morena y aliados, en lo general, en lo particular plantearon propuestas de modificación.
Pidieron que elementos del sistema de justicia familiar y civil que pueden aplicar sin necesidad de inyectar recursos, como los casos en que se debe reconocer la capacidad de tomar decisiones legales por parte de personas con discapacidad mental e intelectual, no se postergaran hasta el 2031.
En ello coincidió la diputada federal de Morena y ministra de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien propuso cambios similares a los expuestos por la integrante de la bancada del PAN, Margarita Zavala.
Ambas reservas fueron desechadas.
