El derechista radical Abelardo de la Espriella asumió este viernes la Presidencia de Colombia con un programa de ruptura con su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro, y totalmente alineado con la estrategia geopolítica y antinarcóticos del mandatario estadunidense, Donald Trump.
En su primer discurso al país como presidente, pronunciado en un batallón militar de la suroccidental Cali, De la Espriella dijo que, tal como lo exige Trump, su gobierno reanudará la fumigación aérea de los cultivos de hoja de coca, suspendida desde 2017 por los daños ambientales y a la salud que causa el glifosato, herbicida usado en esa tarea.
Además, sostuvo que la lucha contra “el narcoterrorismo” será desde ahora una prioridad de su gobierno y que, para ello, contará con la cooperación de países aliados como Estados Unidos.
El primer convenio firmado por el nuevo mandatario fue un acuerdo con la delegación estadunidense que acudió a su toma de posesión para ingresar al “Escudo de las Américas”, una iniciativa política-militar convocada por Trump para combatir con fuerza letal a los grupos criminales de la que forman parte los gobiernos ultraderechistas latinoamericanos.
Esto incluirá la instalación en Colombia de un centro regional de capacitación en la lucha antidrogas.
El gobernante colombiano dijo que en las próximas horas declarará a varios grupos criminales colombianos como “organizaciones terroristas” –algo que ya hizo Trump– con el propósito de dotar a la fuerza pública “de instrumentos eficaces” para combatir el delito.
El abogado de 48 años, quien fue investigado hasta hace pocos años por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por sus presuntos vínculos de negocios con criminales a los que defendía, afirmó tener la intención “de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia”.
Y sostuvo que su país asumirá un papel de liderazgo en el combate al crimen transnacional.
El acto de toma de posesión de De la Espriella, a los que no asistió Petro, estuvo marcado por la presencia de mandatarios latinoamericanos de extrema derecha, como José Antonio Kast (Chile), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras) y Santiago Peña (Paraguay).
En representación del gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, acudió el vicepresidente Félix Ulloa.
La ceremonia de juramentación fue atípica no sólo porque se realizó fuera de Bogotá por primera vez en la historia republicana de Colombia, sino porque incluyó un acto “de invocación y alabanza” en el que una cantante interpretó una canción religiosa mientras que las pantallas panorámicas del auditorio mostraban una imagen de la virgen de Chiquinquirá, la patrona nacional.
Las críticas de analistas políticos no se hicieron esperar pues consideraron que esa expresión fue contraria a la separación Iglesia-Estado consagrada en la Constitución.
Luego de esa ceremonia, hablaron un rabino, un pastor y un sacerdote católico en un “diálogo interreligioso”.
Con la toma de posesión de De la Espriella son cinco los gobernantes de extrema derecha que han llegado al poder en América Latina desde que Trump inició su segundo mandato, en enero de 2025.
Desde entonces, la izquierda ha perdido cinco elecciones presidenciales (en Bolivia, Honduras, Chile, Perú y Colombia) y un régimen que se autoproclamaba como izquierdista, el del chavismo en Venezuela, es manejado por Trump.
Una muestra del énfasis que le quiere dar Trump a la relación con De la Espriella, a quien respal dó de manera abierta durante la campaña electoral, con llamados en redes sociales a votar por él, es la delegación que envió a la toma de posesión de su aliado incondicional. La encabezaron el fiscal general interino, Todd Blanche, y el director de la DEA, Terry Cole, en lo que pareció más una comitiva policiaca que diplomática.
De la Espriella no sólo habló en su discurso de toma de posesión de establecer una estrecha alianza con la administración Trump para combatir al “narcoterrorismo”, sino que ya ha avanzado en esa tarea con las visitas que realizaron a Washington el mes pasado su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Ambos se reunieron con funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos con los que acordaron una nueva versión del Plan Patriota que implementó entre 2002 y 2010 el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y que permitió combatir con asesoría y ayuda militar estadunidense a la guerrilla de las FARC, que posteriormente dejó las armas al pactar un acuerdo de paz con el mandatario Juan Manuel Santos (2010-2018).
Es un hecho que Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y los cultivos cocaleros pasaron de 230 mil a cerca de 300 mil hectáreas en los cuatro años de gobierno de Petro, quien inició un fallido proceso de “paz total” con los grupos armados ilegales que estos aprovecharon para ampliar su poder económico y militar y su presencia territorial.
En ese lapso, los integrantes de las estructuras criminales –la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC– aumentaron en 79% al pasar de 15 mil en 2022 a 27 mil en la actualidad.
El sometimiento irrestricto de De la Espriella al mandatario estadunidense contrasta con la difícil relación que mantuvo Petro con Trump durante todo su mandato, durante el cual criticó la política antidrogas militarista de Trump y los asesinatos de lancheros que supuestamente transportaban droga en el Pacífico y en el Caribe.
De la Espriella afirmó que el gobierno de Petro deja “un vasto entramado de corrupción” cuyos pormenores serán puestos del conocimiento de las autoridades judiciales y los organismos de control colombianos.
Advirtió que también acudirá con esa información “a la justicia de otros Estados”, lo que supone que promoverá una investigación contra Petro y otros funcionarios del gobierno saliente ante las autoridades estadunidenses.
Petro se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos le invente cargos con testimonios de narcotraficantes colombianos extraditados a ese país, como represalia por las críticas que le ha formulado a Trump por su apoyo al genocidio israelí en Gaza, por la expulsión de migrantes y por la política antinarcóticos militarizada.
