Por: Marco A. Urquides
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 dejó una victoria legislativa para Morena, pero también preguntas importantes sobre el endeudamiento, la inversión pública, el federalismo y la democracia.
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 en la Cámara de Diputados dejó algo más que una larga jornada parlamentaria. Dejó al descubierto las prioridades del Gobierno, las diferencias entre las fuerzas políticas y, sobre todo, una pregunta que debería estar en el centro de cualquier debate presupuestal: ¿el dinero de los mexicanos se está destinando realmente a resolver los problemas del país?
Con un gasto aprobado de 10.6 billones de pesos, México tendrá uno de los presupuestos más grandes de su historia. Sin embargo, el tamaño de un presupuesto no necesariamente representa una buena noticia. Lo verdaderamente importante es cómo se distribuyen los recursos, qué resultados se esperan y cuáles son las necesidades que se están dejando de atender.
Morena consiguió los votos para sacar adelante el presupuesto. Esa es una realidad política y parlamentaria. Pero ganar una votación no significa necesariamente ganar la discusión.
Uno de los temas que más preocupan es el costo financiero de la deuda pública. El Gobierno destinará aproximadamente 1.575 billones de pesos al pago de intereses y compromisos financieros, una cantidad superior a los recursos contemplados para inversión física presupuestaria. Dicho de otra manera, estamos destinando más dinero a pagar el costo de nuestras obligaciones financieras que a construir infraestructura.
No se trata de desconocer que el país tiene compromisos económicos que debe cumplir. Se trata de cuestionar si el endeudamiento está generando las condiciones necesarias para crecer, producir y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Otro asunto que merece especial atención es el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral. La reducción de aproximadamente 6 mil millones de pesos a los recursos solicitados por el organismo llega precisamente en la antesala de las elecciones intermedias de 2027.
La austeridad es una obligación en el ejercicio del gasto público, pero no puede convertirse en un argumento para debilitar las instituciones que garantizan la democracia. El país necesita elecciones confiables, capacidad operativa y condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta organizar una elección, sino en cuánto vale preservar la certeza democrática.
También quedó pendiente una discusión fundamental: el federalismo. Los estados y municipios necesitan recursos suficientes para responder a las necesidades de sus habitantes. La seguridad pública, el abastecimiento de agua, la infraestructura carretera, la salud y los servicios básicos no se resuelven desde un escritorio en la Ciudad de México. Se atienden en las comunidades, en las colonias y en los municipios.
Para Sonora, este debate tiene una importancia particular. Nuestro estado necesita inversiones que respondan a sus condiciones territoriales y económicas: garantizar el agua, mejorar la conectividad carretera, fortalecer la seguridad, ampliar la infraestructura hospitalaria y generar condiciones para el desarrollo regional.
No podemos conformarnos con conocer el monto global del presupuesto. Necesitamos saber cuánto llegará a Sonora, qué proyectos serán respaldados y cuáles serán las obras que efectivamente se realizarán. Porque una asignación presupuestal no es una obra terminada, y un anuncio de inversión tampoco es sinónimo de resultados.
La discusión parlamentaria también dejó una señal sobre la calidad de nuestro debate legislativo. Se presentaron 1,760 reservas al dictamen y ninguna logró modificar el resultado final. La mayoría hizo valer sus votos y la oposición tuvo dificultades para traducir sus cuestionamientos en cambios concretos.
La oposición tiene la responsabilidad de señalar los errores del Gobierno, pero también de construir alternativas. No basta con votar en contra. Es necesario explicar qué se cambiaría, de dónde saldrían los recursos y cómo se garantizaría que cada peso tenga un mejor destino.
Al final, el presupuesto es mucho más que un documento financiero o una batalla entre partidos. Es la expresión de las prioridades de un gobierno y una decisión que afecta directamente la vida de millones de Mexicanos.
En 2027, México tendrá elecciones, pero también tendrá que enfrentar los resultados de las decisiones económicas y presupuestales tomadas hoy.
Por eso, la verdadera evaluación del presupuesto no debe hacerse en el tablero de votaciones de San Lázaro. Debe hacerse en los hospitales, en las escuelas, en las carreteras, en las colonias que siguen esperando servicios y en los municipios que necesitan recursos para atender a su gente.
Porque aprobar un presupuesto es una facultad de la mayoría; demostrar que ese presupuesto sirve para mejorar la vida de los mexicanos es una obligación de gobierno.
Y esa obligación no se cumple levantando la mano en el pleno. Se cumple dando resultados.
