Con el objetivo de garantizar un acceso más justo y asequible a la atención de la salud mental en México, la diputada federal Fuensanta Guerrero Esquivel presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta busca eliminar la carga impositiva del 16 por ciento que actualmente pesa sobre los servicios profesionales de psicología, así como garantizar que los medicamentos destinados al tratamiento de trastornos mentales y adicciones conserven la tasa del cero por ciento, incluso cuando se suministren dentro de servicios de hospitalización o tratamiento médico.
Señaló que existe una «asimetría difícil de justificar», donde la consulta con un médico psiquiatra está exenta de IVA, mientras que la consulta psicológica —fundamental en la primera línea de atención— causa un 16 por ciento de impuesto por el simple hecho de requerir un título profesional distinto.
“Resulta paradójico que el sistema tributario grave precisamente el servicio que previene desenlaces que después le cuestan al propio Estado en salud pública, productividad perdida y, sobre todo, en vidas”, enfatizó la legisladora del GPPRI.
La iniciativa destaca la crisis de salud mental que atraviesa el país, especialmente entre la juventud: los trastornos mentales aumentaron un 143 por ciento entre 1990 y 2023; en 2024, la población de entre 15 y 34 años concentró poco más de la mitad (50.4 por ciento) de las muertes por lesiones autoinfligidas en México.
Indicó que Zacatecas no es ajeno a este problema, la entidad registra una tasa de suicidio de 8.8 por cada 100 mil habitantes, superando el promedio nacional de 6.8, afectando principalmente a hombres jóvenes.
Por ello, la propuesta busca corregir un vacío normativo actual que, según criterios del SAT, provoca que los medicamentos psiquiátricos causen un 16 por ciento de IVA cuando se administran en un hospital, a pesar de no pagar impuesto si se adquieren en farmacia.
“La presente reforma busca que la política fiscal se ponga al servicio de la vida, eliminando barreras económicas que hoy impiden que miles de jóvenes y familias busquen ayuda profesional”, concluyó la diputada Fuensanta Guerrero.
