Sepa La Bola
Claudia Bolaños
A casi dos años de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el caso continúa acumulando más dudas que certezas. Lejos de cerrarse, las revelaciones recientes sobre la posible participación del FBI, las contradicciones entre las versiones oficiales y la reserva de información por parte de autoridades de ambos países han abierto nuevos frentes de cuestionamiento.
Las incógnitas ya no se limitan a establecer cómo ocurrió el traslado del líder del Cártel de Sinaloa. También alcanzan la actuación de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad, el control del espacio aéreo, la procuración de justicia y la cooperación bilateral con Estados Unidos. Estas son algunas de las preguntas que permanecen sin respuesta:
- ¿Cuál fue el verdadero papel del FBI? ¿Solo recibió a los detenidos en Estados Unidos o participó desde la planeación y ejecución de la operación?
- ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos sostuvo durante casi dos años que no era “su avión” ni “su operación” y ahora reconoce la participación del FBI, incluso al exhibir la aeronave como parte de la historia de esa agencia?
- ¿Quién autorizó el vuelo y bajo qué condiciones salió la aeronave de territorio mexicano?
- ¿La aeronave despegó con autorización de autoridades mexicanas o abandonó el país de manera irregular?
- ¿Hubo participación de autoridades mexicanas? En caso afirmativo, ¿qué dependencias fueron informadas y cuál fue su nivel de conocimiento?
- ¿Fue una entrega voluntaria, un secuestro o una captura? ¿Cuál de las versiones corresponde a lo ocurrido el 25 de julio de 2024?
- ¿Por qué la información entregada por Estados Unidos a la Fiscalía General de la República fue considerada “falsa, parcial e insuficiente”? ¿Qué datos fueron omitidos?
- ¿Qué responsabilidad tendría el exembajador Ken Salazar? ¿Contaba con información incompleta o negó deliberadamente la participación estadounidense?
- ¿Habrá consecuencias diplomáticas para la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación?
- ¿Cómo pudo una aeronave involucrada en una operación de alto impacto entrar y salir del espacio aéreo mexicano sin activar mecanismos de alerta o supervisión extraordinarios?
- ¿Qué controles aplicaron las autoridades mexicanas al plan de vuelo? ¿Se verificaron el origen, el destino, los pasajeros y el propósito del viaje?
- ¿Existieron fallas en los sistemas de vigilancia aérea o hubo omisiones de las autoridades responsables del control del espacio aéreo nacional?
- Si el piloto fue localizado y declaró ante las autoridades mexicanas, ¿por qué no fue retenido para ampliar las investigaciones o determinar posibles responsabilidades?
- ¿Qué información proporcionó el piloto y qué diligencias derivaron de su declaración?
- ¿La Fiscalía General de la República agotó todas las líneas de investigación relacionadas con el piloto, la aeronave y quienes organizaron el traslado?
- ¿Quién presentó el plan de vuelo y con qué argumentos obtuvo autorización para despegar o ingresar al espacio aéreo mexicano?
- ¿Hubo omisiones de autoridades migratorias, aduaneras, aeroportuarias, militares o de aviación civil en la revisión de la aeronave y de sus ocupantes?
- ¿Por qué ninguna autoridad mexicana detectó o impidió una operación que concluyó con el traslado de uno de los narcotraficantes más buscados hacia Estados Unidos?
- ¿Existieron fallas en la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Agencia Federal de Aviación Civil, los servicios de navegación aérea y otras instancias responsables del control del espacio aéreo?
- ¿Qué protocolos deberán modificarse para evitar que una operación similar vuelva a realizarse sin conocimiento pleno del Estado mexicano?
- Si el gobierno mexicano consideró insuficiente la información proporcionada por Estados Unidos, ¿por qué no ha hecho públicos los datos que obran en sus propias investigaciones, salvo aquellos legalmente reservados?
- ¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años la información relacionada con las comunicaciones sobre el caso, incluida la documentación vinculada con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez? ¿La decisión responde a razones jurídicas, diplomáticas o de seguridad nacional?
- ¿La reserva de esa información protege una investigación en curso o limita el esclarecimiento de los hechos?
- ¿Qué información posee el gobierno mexicano que aún no ha sido revelada y que podría aclarar el nivel de participación de autoridades nacionales y estadounidenses en esta operación?
Así, a casi dos años de los acontecimientos, el expediente permanece abierto no sólo por las investigaciones formales, sino por las numerosas interrogantes que continúan sin respuesta y que mantienen bajo presión a ambos gobiernos.
