La nueva legislación en materia de aguas es ilegal, autoritaria y dañina para millones de mexicanos, especialmente para los campesinos, productores y pueblos originarios, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
El legislador del PRI aseveró que es una ley que nació sin consultar a quienes debía proteger, refiriéndose a los pueblos originarios, al tiempo que reconoció el trabajo de Miguel Sulub Caamal, secretario técnico de la bancada priista, quien detectó este grave hecho.
Al respecto, Sulub Caamal explicó que desde 2012 estaba el mandato de expedir una Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano al líquido, lo que Morena aprovechó para transformar la legislación en un mecanismo de control político-social del gobierno federal reformando la ley de aguas nacionales. Lo más grave es que Morena pretende justificar con una consulta de 2019 que no corresponde a esta ley.
Rubén Moreira relató que la minuta se aprobó en la Cámara de Diputados alrededor de las 3 de la tarde y dos horas después Morena ya la había votado en el Senado, sin haber leído las más de 500 páginas del dictamen. “¿A qué hora leyeron? No hubo análisis, no hubo debate, no hubo nada. Simplemente levantaron la mano”, señaló.
A su vez, Mario Di Costanzo añadió que a legisladores de Morena les tuvieron que explicar artículos que ni sabían que existían, lo cual demuestra la improvisación y la irresponsabilidad con la que se legisla en el actual gobierno.
Acusó que Morena realizó una campaña para engañar a los productores del campo, asegurándoles que corregirían los artículos más dañinos. “Les mintieron. Les aplicaron la teoría del gatopardismo: cambian todo para que nada cambie”, sentenció.
Rubén Moreira y los analistas, aseveraron que el artículo 22 limita la transmisión de derechos de agua para personas comunes, pero abre la puerta a grandes empresas y acaparadores, a quienes Morena ya había atendido en reuniones privadas.
“Los pequeños productores no podrán heredar ni transmitir fácilmente sus concesiones. Pero a los ricos sí les dieron un procedimiento preferente. Por eso los campesinos de Chihuahua, Guanajuato y Baja California están furiosos”, aseguraron. Incluso, explicaron, eliminó la facultad de la autoridad para negar permisos en casos de acaparamiento, lo cual contradice por completo su discurso público.
Concluyeron que la ley no tiene un objetivo económico, sino político: “El país está incendiado en economía, salud y seguridad. Morena quiere el control del agua para controlar políticamente al campo y a las comunidades”.
Cabe detallar que la reforma obliga a campesinos y productores a pagar e instalar medidores de agua con su propio dinero, invertir en la tecnificación de sus sistemas de riego, sin crédito ni apoyos, enfrentar el riesgo de perder su concesión si la autoridad considera insuficiente la “responsabilidad hídrica”. Los municipios estarán obligados a regular incluso el tamaño, tipo y forma de los tinacos, piletas y sistemas de captación en los hogares.
“Se están metiendo en la propiedad privada. Esto parece la Rusia soviética”, dijo Rubén Moreira. Además, recordó que no existe inversión suficiente en infraestructura hidráulica: en lugar de invertir los 100 mil mil millones de pesos anuales necesarios, Conagua apenas ejerce alrededor de 28 mil millones.
“Morena dice una cosa y hace otra. Hablan de ayudar a los pobres, pero esta ley les clava la espada. Dicen defender a los pueblos originarios, pero ni los consultaron. Son farsantes”, concluyó el exgobernador de Coahuila.
