La diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer una cuota de contratación obligatoria de personas con discapacidad del 5 % de sus trabajadores a todas las empresas con más de 50 trabajadores.
Al respecto, la legisladora refirió que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, constituye uno de los pendientes estructurales más relevantes del Estado mexicano en materia de igualdad sustantiva y justicia social. Pese a que la Constitución Política prohíbe toda forma de discriminación motivada por discapacidad y reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, “la realidad evidencia que millones de personas continúan enfrentando barreras que limitan su acceso efectivo al empleo formal”.
Explicó que México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional que en su artículo 27 reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones, en un mercado laboral abierto, inclusivo y accesible. Señaló que esta obligación, implica no sólo abstenerse de discriminar, sino adoptar medidas legislativas positivas que corrijan desigualdades históricas y estructurales.
En ese sentido, las estadísticas nacionales demuestran una brecha persistente: la tasa de participación económica de las personas con discapacidad es considerablemente menor en comparación con la población sin discapacidad; además, quienes logran insertarse en el mercado laboral frecuentemente lo hacen en condiciones de informalidad, subempleo o con menores ingresos.
“Esta exclusión no responde a una falta de capacidades, sino a barreras físicas, normativas y, especialmente, actitudinales que perpetúan esquemas de discriminación indirecta”, advirtió la diputada por la Ciudad de México.
En este sentido, la diputada indicó que la adición de una fracción XVI Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer la obligación de que las empresas con más de cincuenta trabajadores contraten al menos un cinco por ciento de personas con discapacidad, responde al principio de igualdad sustantiva reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No se trata de otorgar privilegios, sino de generar condiciones reales para el ejercicio de un derecho humano fundamental”.
Agregó que esta reforma, armoniza el marco jurídico nacional con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano y fortalece el modelo social de discapacidad, al reconocer que la exclusión no radica en la condición individual, sino en las barreras del entorno. “Con ello, se avanza hacia un mercado laboral más justo, incluyente y acorde con los principios constitucionales de dignidad humana y justicia social”, manifestó.
Herrera Villavicencio detalló que la ausencia de mecanismos obligatorios y verificables en la Ley Federal del Trabajo ha generado que la inclusión laboral dependa, en gran medida, de la voluntad empresarial y de políticas públicas de carácter programático, sin fuerza coercitiva suficiente para revertir la brecha histórica de acceso al empleo formal.
En ese tenor, reiteró que la implantación de cuotas laborales, “no implica un privilegio indebido, sino una herramienta jurídica para materializar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad real”. Además, dijo, “diversos países han adoptado esquemas similares como instrumentos eficaces para incrementar la participación laboral de personas con discapacidad, demostrando que estas políticas no afectan negativamente la productividad, sino que fomentan entornos laborales más diversos, innovadores y socialmente responsables”.
“Esta reforma no sólo armoniza la legislación nacional con los compromisos internacionales del Estado mexicano, sino que representa un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo de inclusión laboral basado en la igualdad sustantiva, la justicia social y el respeto irrestricto a la dignidad humana. No pedimos privilegios: corregimos desigualdades históricas. Porque cuando la ley no interviene, la exclusión se normaliza”, apuntó.
La propuesta de iniciativa se dio turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.
