La diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 6 y adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de reconocer de manera expresa la violencia ejercida en relaciones de pareja, expareja, concubinato o cualquier vínculo afectivo, independientemente de su formalización o convivencia. La propuesta representa un paso sustantivo para cerrar vacíos normativos que han limitado el acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
En la exposición de motivos, la legisladora enfatizó que “la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones a los derechos humanos más graves, persistentes y estructurales en México”, destacando que este fenómeno no sólo se mantiene vigente, sino que continúa afectando a miles de mujeres en contextos afectivos donde históricamente se ha normalizado el control, la dominación y la desigualdad.
Uno de los elementos centrales de la reforma es el reconocimiento de que la violencia no concluye con la ruptura de la relación. Por el contrario, advirtió que “uno de los momentos de mayor riesgo para las mujeres ocurre precisamente cuando deciden poner fin a una relación violenta”, ya que es en esta etapa donde suelen intensificarse conductas como el acoso, las amenazas, la violencia económica, digital o incluso agresiones físicas y sexuales.
La iniciativa incorpora de manera explícita como tipo de violencia aquella que se ejerce por parte de cónyuges, concubinos, parejas o exparejas, incluyendo cualquier persona con la que exista o haya existido una relación sentimental o íntima. Este reconocimiento es clave para evitar interpretaciones restrictivas por parte de autoridades, que en muchos casos han desestimado estas agresiones como “conflictos personales”, negando medidas de protección y generando procesos de revictimización.
Asimismo, el proyecto establece que este tipo de violencia deberá ser atendido bajo principios fundamentales como la debida diligencia reforzada, la perspectiva de género, la prevención del riesgo feminicida, la protección integral de la víctima y el acceso efectivo a la justicia. Con ello, se busca fortalecer la actuación institucional y garantizar respuestas oportunas, eficaces y proporcionales al nivel de riesgo que enfrentan las mujeres.
Ealy Díaz subrayó que el objetivo de la reforma es “nombrar para proteger”, al tiempo que afirmó que “nombrar la violencia es el primer paso para erradicarla”. En este sentido, la propuesta tiene un impacto directo en la vida de mujeres jóvenes, mujeres en relaciones no convivenciales o aquellas que no cuentan con un vínculo formal con su agresor, quienes históricamente han quedado fuera de la protección legal.
La iniciativa también se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, al reconocer que la violencia puede ser ejercida por cualquier persona con la que exista o haya existido una relación afectiva, obligando a las autoridades a actuar sin discriminación y con enfoque de género.
Finalmente, la reforma plantea la armonización legislativa en las entidades federativas, así como la capacitación obligatoria del personal encargado de atender estos casos, lo que permitirá consolidar un marco jurídico más sólido, homogéneo y eficaz frente a la violencia de género. Con ello, se avanza en la construcción de un Estado que garantice plenamente el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, colocando en el centro su dignidad, seguridad y bienestar.
