La tecnología no puede convertirse en una herramienta para invadir la intimidad, acosar a las mujeres o grabarlas sin su conocimiento. Ante el avance de cámaras ocultas y dispositivos capaces de registrar imágenes y video sin que las personas lo adviertan, la coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para cerrar vacíos legales y fortalecer la protección de la privacidad, la dignidad y la seguridad, particularmente de las mujeres.
La propuesta plantea reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el propósito de establecer reglas para la captación audiovisual encubierta y reconocer expresamente determinadas conductas realizadas con estos dispositivos como una forma de violencia digital.
Uno de los ejes centrales es impedir que la excepción de uso exclusivamente personal de datos sirva para dejar fuera de la protección legal la grabación clandestina de personas en espacios donde existe una expectativa reforzada de privacidad. Para ello, se propone que los dispositivos ocultos, camuflados, portátiles o vestibles cuenten con mecanismos que permitan advertir cuándo se está captando una imagen o video, mediante indicadores visuales, auditivos o equivalentes.
La iniciativa también establece la prohibición de captar de manera encubierta a una persona sin su consentimiento previo, expreso e informado en espacios como baños, regaderas, vestidores, probadores, áreas de lactancia, dormitorios y habitaciones de hospedaje, así como en consultorios o áreas médicas durante procedimientos en los que la persona deba desvestirse.
En el caso de las mujeres, la reforma busca reconocer expresamente como violencia digital la captación, grabación, almacenamiento, transmisión o utilización encubierta de su imagen, voz o video sin consentimiento, cuando ocurra en espacios privados o cuando, incluso en lugares públicos, tenga como propósito acosarlas, hostigarlas, sexualizarlas, intimidarlas o humillarlas y cause daño a su intimidad, dignidad, seguridad o propia imagen.
Y es que en México se han documentado casos de cámaras ocultas en baños de mujeres, dispositivos utilizados para grabar a mujeres sin su consentimiento y aparatos camuflados en espacios como probadores de tiendas. A medida que las cámaras se integran en objetos cotidianos, lentes inteligentes y accesorios cada vez más discretos, identificar cuándo una persona está siendo grabada se vuelve más difícil y limita su posibilidad de oponerse o proteger su intimidad.
De acuerdo con la exposición de motivos, el problema radica en que la legislación vigente aborda distintas formas de violencia digital, el tratamiento de datos personales y la difusión no consentida de contenido íntimo, pero mantiene vacíos frente a determinadas formas de captación clandestina, especialmente cuando las imágenes se conservan para uso personal y nunca llegan a difundirse. La propuesta busca intervenir desde el momento de la grabación, sin esperar a que el material sea publicado o el daño se amplifique en internet.
Ortega Pacheco subrayó, a través de su propuesta legislativa, la necesidad de que el marco legal responda a los riesgos que plantea la evolución tecnológica, sin prohibir los usos legítimos de cámaras portátiles o lentes inteligentes. El objetivo es establecer una diferencia clara entre la innovación y el uso de la tecnología para vulnerar derechos, con medidas preventivas que protejan a las personas y refuercen la atención y sanción de las conductas que constituyan violencia digital.
