Claudia Sheinbaum, afirmó que los embajadores deben limitarse a las labores de coordinación y colaboración bilateral, además de mantenerse al margen de los asuntos políticos internos de los países donde son acreditados, en referencia a recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Explicó que, desde su punto de vista, los representantes diplomáticos no deben intervenir en debates políticos internos.
“Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración”, indicó la presidenta.
Añadió que los diplomáticos mexicanos acreditados en otros países no emiten opiniones sobre la política interna de las naciones donde desempeñan funciones.
“Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, no opinan sobre los asuntos políticos de los países”, afirmó.
La mandataria recordó que la política exterior mexicana está sustentada en principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
“Hay que recordar también que el embajador se queda en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, enfatizó.
Además, reiteró que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad y combate a la delincuencia organizada, pero insistió en que dicha relación debe darse con pleno respeto a la soberanía nacional.
“Buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente; que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”, sostuvo.
Dicha declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurrieron luego de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, publicara un mensaje en redes sociales sobre la lucha contra los cárteles del narcotráfico.
“La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos. La gente a ambos lados de nuestra frontera quiere vivir segura y en paz”, escribió el diplomático.
En ese mismo mensaje, Johnson afirmó que convertir el problema de seguridad compartido en una disputa política representa “una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas”.
