El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió sobre patrones preocupantes en México relacionados con la desaparición de migrantes, el reclutamiento forzado y posibles redes de trata de personas, al analizar las acciones urgentes registradas hasta febrero de 2026.
Según los datos del informe, México concentró el 37% de las solicitudes de acción urgente recibidas en el último periodo (40 casos), lo que lo coloca como el país con mayor número de registros recientes en este mecanismo internacional.
Uno de los focos principales señalados por el organismo son las desapariciones en contexto migratorio.
La dependencia de Naciones Unidas documentó al menos 21 acciones urgentes relacionadas con la desaparición de dos grupos de migrantes —principalmente de Cuba y Honduras— ocurridas entre octubre y diciembre de 2024 en Chiapas. Las víctimas fueron vistas por última vez en la comunidad de San José el Hueyate, antes de abordar embarcaciones con destino a Oaxaca, tras lo cual se perdió toda comunicación.
Sobre estos casos, la ONU recibió señalamientos de posibles vínculos entre agentes del Estado y grupos del crimen organizado, así como indicios de que las autoridades no actuaron de manera inmediata para iniciar su búsqueda e investigación. Hasta la fecha, el paradero de estas personas sigue sin esclarecerse.
Por otro lado, el Comité registró la desaparición de una joven en Guanajuato en 2025, presuntamente relacionada con explotación sexual, y la de un menor en Jalisco ese mismo año, en un contexto de posible incorporación forzada a grupos delictivos. En ambos casos se reportaron acusaciones de colusión entre autoridades y actores criminales.
En el país, las desapariciones analizadas se concentraron principalmente en Chiapas (30%), seguido de Jalisco (18%), Guanajuato y Sinaloa (12% cada uno), además de Oaxaca, Baja California y Tamaulipas.
Las acciones urgentes activadas por la Organización de las Naciones Unidas en materia de desaparición no necesariamente evidencian un aumento de delitos en México, sino una creciente falta de respuesta institucional que obliga a las familias a recurrir a instancias internacionales, advirtió Michel Cervantes, abogado especialista en desapariciones de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
“Las acciones urgentes son un mecanismo extraordinario de búsqueda (…) al que recurren familias cuando consideran que el Estado no ha realizado las acciones pertinentes para localizar a sus seres queridos”, señaló.
Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 107 nuevas acciones urgentes, lo que, dijo, refleja una tendencia sostenida: “cada vez más familias acuden a organismos internacionales ante la falta de actuación de las autoridades mexicanas”.
