La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó de la aplicación de inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones y de sanciones económicas por 1,197.6 millones de pesos a 39 funcionarios por cometer faltas graves (22) y no graves (17), de 17 secretarías de Estado, institutos, empresas públicas y de participación estatal mayoritaria del gobierno federal, entre otras.
Derivado de las acciones de investigación realizadas por las unidades de responsabilidades y órganos internos de control correspondientes, previa obtención de las pruebas que demostraron infracciones graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las siguientes sanciones:
En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron inhabilitados por 20 años Roberto V., de CFE Distribución; Alberto M., del Laboratorio de Equipos y Materiales, y José Q., de CFE Suministrador de Servicios Básicos.
Francisco D., de la Dirección Corporativa de Operaciones, fue inhabilitado por 10 años.
La dependencia precisó, mediante comunicado de prensa, que a los cuatro se aplicó una sanción económica de manera solidaria por 1,192.5 millones de pesos porque en el 2017 contrataron la adquisición e instalación de 82,000 optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico.
José R. y Guadalupe H. del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla y Celaya, Guanajuato, respectivamente, fueron inhabilitados por 10 y un año por obtener beneficios económicos por 152,000 pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería y exigir y obtener de forma ilícita y por motivo de sus funciones un beneficio económico por 15,000 pesos, no comprendido en su remuneración; los dos casos sucedieron en 2020.
Con respecto a la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco O., del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, fue inhabilitado por diez años y sancionado con 82,000 pesos porque en 2021 recibió un doble pago, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130,000 y 286,000 pesos, respectivamente.
Carlos M., de la Administración Región Golfo Centro del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue inhabilitado por ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos porque en el 2019 realizó depósitos a su cuenta personal por el mismo monto y no devolvió un vehículo.
Esmeralda O., y Ana J., del Banco del Bienestar (BaBien), sucursales Villahermosa, Tabasco, y Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, fueron inhabilitadas por 10 años y sus sanciones ascendieron a 62,000 y 22,000 pesos, respectivamente; la primera porque en el 2023 realizó una conciliación en sucursal con información no verídica y la segunda por realizar retiros por un monto de 21,000 pesos, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias, además de que fue inhabilitada por 8 meses y sancionada con 15,000 pesos porque realizó retiros por el mismo monto de 2019 a 2022.
En la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Saira H., en la Gerencia de Ingeniería, fue inhabilitada por un año, entre otros casos.
