La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra, lanzó un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado, para revisar la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 20225-2026 al próximo 5 de junio por las altas temperaturas y el Mundial de Futbol 2026, al advertir que la medida podría vulnerar derechos de niñas, niños y adolescentes.
En un pronunciamiento oficial, el organismo alertó que sacar a estudiantes de las aulas un mes antes no afecta las jornadas laborales de madres, padres y cuidadores, lo que podría dejar a miles de menores solos en casa y en condiciones de vulnerabilidad.
“La responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es de todas y todos”, subrayó la Comisión.
La polémica decisión fue acordada el pasado 7 de mayo durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), tras solicitudes de 10 estados y planteamientos realizados junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El nuevo calendario establece que el ciclo escolar terminará el 5 de junio y que las clases volverán hasta el 31 de agosto.
Sin embargo, la CNDH advirtió que la medida no ofrece soluciones de fondo y, por el contrario, traslada el problema a las familias, especialmente a las mujeres encargadas de cuidados.
El organismo señaló que muchas personas cuidadoras no cuentan con redes de apoyo suficientes, lo que incrementa riesgos de abandono, violencia y afectaciones emocionales, cognitivas y sociales para niñas y niños.
Además, recordó que tras la pandemia de Covid-19 ya se documentaron daños importantes en el desarrollo infantil derivados del aislamiento y la falta de acompañamiento escolar.
La Comisión sostuvo que cualquier modificación al calendario debe analizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, con perspectiva de género y enfoque integral de derechos humanos.
El posicionamiento se suma a la ola de críticas contra el recorte escolar, que ya ha sido cuestionado por especialistas, organizaciones civiles y organismos educativos debido al rezago académico que enfrenta el país.
