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Colectivos y ONG condenan obstaculización, estigmatización y criminalización contra familias buscadoras

En el contexto de las movilizaciones durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que las acompañan condenaron “los actos de obstaculización, estigmatización y criminalización” de autoridades en contra de las familias de víctimas que participaron en actividades de protesta. 

En un comunicado, los colectivos y organizaciones llamaron la atención de la conferencia de prensa matutina del 11 de junio, desde Palacio Nacional, en la que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguea anunció una investigación sobre el “origen de los apoyos” económicos que recibieron las familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México, supuestamente para esclarecer si hubo “alguna intención ajena a la legítima búsqueda de justicia”, mientras que en esa conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum “minimizó la movilización y descartó la existencia de un descontento social genuino”.  

Para las organizaciones “insinuar desde la más alta autoridad, que una movilización de familias buscadoras pudo ser orquestada con fines distintos a los que ellas mismas declaran, constituye un acto de estigmatización pública”. 

Agregaron que “desviar el debate hacia el financiamiento de los autobuses”, en vez de reconocer de reconocer la crisis de desapariciones, “es una estrategia que deslegitima la lucha de miles de familias en todo el país”. 

Los firmantes del pronunciamiento abundaron que en un escenario en el que los colectivos de familiares de víctimas de desaparición, en que “enfrentan bloqueos en sus procesos de búsqueda en campo y presiones provenientes de actores no estatales, un señalamiento gubernamental de esta naturaleza no es retórico: es una forma de represalia que incrementa el riesgo para su seguridad”. 

A las expresiones gubernamentales se suman actos de represión y estigmatización en las ciudades de Toluca, Puebla y Ciudad de México, donde familias buscadoras “ejercieron su legítimo derecho a la protesta pacífica aprovechando la visibilidad internacional del Mundial” y exponer ante el mundo la crisis de desapariciones que supera las 134 mil personas.  

“La respuesta del Estado fue sistemática en su afán de impedir, contener y deslegitimar esta movilización”, llevada a cabo entre el 4 y el 11 de junio en esas ciudades.  

En el comunicado, los firmantes relataron que, en Toluca, antes de llevarse a cabo el partido amistoso entre México y Serbia, en el estadio Nemesio Diez, policías entre ellos de caballería, cercaron con “una presencia desproporcionada” a integrantes del colectivo Flores en el Corazón, que habían convocado a una “cascarita antimundial”, colocando fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.  

En Puebla, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos “fue cercado y encapsulado por aproximadamente 300 elementos antimotines mientras realizaban actividades de difusión de fichas de búsqueda cerca del Estadio Cuauhtémoc”.  

 De acuerdo con el comunicado, varias de las mujeres “fueron empujadas y despojadas de sus pertenencias”, en tanto que algunas de ellas “recibieron citaciones de la fiscalía estatal para el día exacto de la inauguración del Mundial; una coincidencia que puede leerse como una maniobra para impedir su participación”.  

Los activistas destacaron que en el caso del contingente de Ayotzinapa, “17 autobuses con madres, padres y estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan bajo el argumento de ‘seguridad nacional’, con un procedimiento irregular en el que los propios familiares afirman que los artefactos hallados no estaban ahí en la primera revisión”, destacando el señalamiento de los familiares de “la presencia de un infiltrado”, hechos que derivaron en la cancelación de su mitin en el Hemiciclo a Juárez.  

A ello se suma que, en la Ciudad de México, “familias buscadoras que se manifestaban pacíficamente sobre Calzada de Tlalpan durante la inauguración del Mundial, fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la inauguración del evento”.  

Para los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales, “estos hechos no son incidentes aislados, sino que constituyen un patrón coordinado de obstaculización del derecho a la manifestación en un momento de la máxima visibilización internacional para México”.  

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que los acompañan exigieron al gobierno de México “el cese inmediato de declaraciones estigmatizantes y de cualquier investigación cuyo efecto real sea disuadir o penalizar el ejercicio del derecho a la protesta de familias buscadoras”.  

Asimismo, consideraron indispensable “garantizar el derecho a la protesta y que ninguna familia buscadora sea obstaculizada, retenida o cercada por ejercer su derecho a manifestarse en el contexto del Mundial”.  

En el caso de la retención del contingente de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los normalistas que los acompañaban, exigieron “el esclarecimiento transparente (…) incluyendo la cadena de custodia de artefactos hallados y los resultados de la investigación sobre las irregularidades denunciadas por las propias familias”. 

En cuanto a las familias buscadoras de Jalisco, las organizaciones y colectivos urgieron a garantizar su seguridad “ante posibles represalias por su legítimo derecho a la protesta y libre tránsito”.  

Al señalar que las demandas de localización, verdad, justicia y memoria, que enarbolan las familias de víctimas desde hace años, “ningún evento deportivo puede ni debe silenciar”, los colectivos y las organizaciones puntualizaron que este sector social “no son un problema de seguridad nacional ni un asunto de financiamiento político”, sino que son “víctimas que exigen lo que el Estado les debe: verdad y justicia”.  

“La soberanía y la grandeza de un Estado, no se mide por la capacidad de organizar un Mundial, sino por su capacidad de garantizar justicia y su voluntad de responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos”, concluyó el posicionamiento.  

Firmaron el comunicado los colectivos de personas buscadoras Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco; Entre Cielo y Tierra Buscando a los Nuestros; Voz de los Desaparecidos de Puebla; Flores en el Corazón y Corazones Robados.  

Acompañan a los colectivos, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); Data Cívica; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Observatorio Mundialista de Derechos Humanos; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Eliacuria, Elementa Derechos Humanos y el departamento de Incidencia en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.