A 20 años de la represión del pueblo de San Salvador Atenco cometida por fuerzas federales y estatales, entre el 3 y el 4 de mayo de 2006, por su lucha contra la edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) pidió castigo para los responsables intelectuales y materiales de los abusos contra la población.
Señaló que los ex presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) –entonces gobernador del estado de México (2005-2011)– y el resto de los culpables no han pisado la cárcel.
El FPDT ha exigido estos años justicia por las muertes de Alexis Benhumea y Javier Cortés, castigo para los responsables de abusos sexuales contra mujeres de Atenco y por las múltiples detenciones sin órdenes de aprehensión.
Expuso que con el trabajo que realiza el gobierno federal “se abre una ventana para que los responsables del operativo y de la ejecución sean juzgados y encarcelados.
“No olvidamos ni perdonamos, exigimos que la justicia llegue a nuestras comunidades y a las organizaciones civiles; buscamos paz, progreso y un desarrollo integral, así como justicia social para todas y todos”, difundió el FPDT.
César del Valle Ramírez, uno de los dirigentes, expuso que han trabajado con María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, quien se ha reunido con los sobrevivientes. “Estas acciones son buenas y necesarias, pero aún falta generar los procesos”.
Comentó la importancia de atender la justicia social, la cual se construye con el gobierno a través del proyecto Manos a la Cuenca, el cual contempla salud, educación, seguridad, infraestructura urbana, reintegración de la tierra y protección a los recursos naturales desde la montaña hasta el lago.
Del Valle Ramírez destacó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se avanzó con la declaratoria del Área Natural Protegida el Parque Ecológico, la creación de una universidad y un hospital, así como la reintegración de las tierras en una primera etapa y la rehabilitación de pozos, entre otras demandas.
Agregó que con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reactivaron las mesas para la continuidad del Plan de Justicia Social para los pueblos afectados por la construcción fallida de la terminal aérea en el lago de Texcoco.
No obstante, dijo, aún hay temas pendientes como la restitución de 186 hectáreas del polígono de Xalapango y Parque Ecológico Lago de Texcoco, solución al conflicto por la invasión de predios en los municipios de Atenco y Ecatepec.
De igual forma, la cancelación de minas y su restauración por la explotación, la construcción de dos canchas de futbol, la Universidad Rosario Castellanos, la preparatoria Margarita Maza, cuatro nuevos pozos para Atenco e infraestructura para la demarcación.
El dirigente anunció que este domingo y lunes se realizarán actividades para conmemorar los 20 años de la represión de Atenco y esperan la visita de la presidenta Sheinbaum.
Historia de los abusos
En 2006, en San Salvador Atenco se perpetró una de las represiones más violentas contra la población; el 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal Belisario Domínguez, en Texcoco, fue el pretexto para que el gobierno mexiquense, a cargo de Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para castigar al movimiento de Atenco que en 2002 echó abajo, por primera vez, uno de los mayores proyectos de su gobierno.
Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados, vejados y arrestados, aunque algunos se atrincheraron nueve horas en una casa, fueron sacados a la fuerza por la entonces Policía Federal y agentes antimotines mexiquenses; su líder, Ignacio del Valle Medina, fue arrestado.
Como respuesta, los vecinos bloquearon la carretera Texcoco-Lechería, donde los uniformados los desalojaron y detuvieron a decenas.
Durante el enfrentamiento, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, fue ultimado por un disparo de un arma de fuego de los uniformados.
La madrugada del 4 de mayo, la acción oficial continuó contra el pueblo de Atenco, donde miles de policías irrumpieron con gas lacrimógeno, catearon las viviendas y arrestaron a cientos de ejidatarios; en esa refriega, el universitario Ollín Alexis Benhumea Ramírez, fue impactado por un proyectil de gas y 34 días después falleció.
En el traslado de detenidos, los oficiales abusaron sexualmente de las mujeres, mientras que Ignacio del Valle fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión; 10 años después se logró su liberación.
Junto con él, más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, quienes después de años de lucha legal fueron liberados.
Por este caso, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales documentaron un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las múltiples denuncias y testimonios de abusos policíacos, golpes y vejaciones, así como las muertes de los dos jóvenes, sólo 21 oficiales fueron sometidos a proceso, pero ninguno quedó preso.
En septiembre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña reactivó el proyecto y el FPDT volvió a oponer resistencia; primero con movilizaciones y después con varios amparos y denuncias penales.
Durante cuatro años, personal del gobierno federal incursionó en las tierras de Atenco para laborar en la cimentación de la terminal aérea y la barda perimetral; los operarios eran custodiados por elementos policiacos y personal del Ejército.
La explotación de minas en Texcoco, Tezoyuca, Otumba, Acolman, Teotihuacan, Nopaltepec, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Chalco, San Martín de las Pirámides y San Salvador Atenco para el proyecto provocó un ecocidio.
En diciembre de 2018, con el arribo de López Obrador a la presidencia, se anunció la cancelación de la terminal aérea en Texcoco.
